Vinculan a proceso a 13 militares por presunto asesinato en Sinaloa

ISAURA GUZMÁN

8/04/2026

Luego del asesinato de las menores Leidy y Alexa, ocurrido en mayo de 2025, -hace 11 meses- el juez federal Josué Noé Egure Yáñez vinculó a proceso a 13 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) por su probable responsabilidad en los hechos registrados en la comunidad de La Cieneguilla, en Sinaloa.

De igual modo, los militares enfrentan cargos por tentativa de homicidio en contra de dos adolescentes y dos adultos más. Las víctimas, todas integrantes de la misma familia, fueron atacadas mientras se trasladaban en una camioneta hacia una escuela ubicada en Culiacán, informó el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).

La reconstrucción presentada por la representación legal, los hechos ocurrieron el 6 de mayo de 2025 en la comunidad de La Cieneguilla, municipio de Badiraguato, Sinaloa, cuando la familia circulaba por una carretera de la zona y, al encontrar un bloqueo, decidió retornar; fue entonces que un convoy militar abrió fuego sin emitir advertencia previa, lo que derivó en la muerte de las dos menores y dejó heridos a otros cuatro miembros de la familia.

En un principio, las autoridades aseguraron que se trató de un enfrentamiento; sin embargo, la versión fue desacreditada durante las diligencias. La Fiscalía General de la República (FGR)indicó que la actuación de los militares fue dolosa, al no apegarse a los establecido en la Ley Nacional de Uso de la Fuerza.

Por otro lado, la defensa de los imputados alegó que los elementos actuaron bajo un estado de alerta y nerviosismo debido al contexto de violencia en la región. Por su parte, el juez federal determinó la vinculación a proceso bajo la figura de dolo eventual, toda vez que consideró que los imputados cuentan con formación técnica en el manejo de armas y podían prever las consecuencias letales de sus acciones.

Por último, el Centro Prodh cuestionó que exista una investigación paralela en la jurisdicción militar, al señalar que ello contraviene estándares internacionales en materia de derechos humanos; advirtió que el caso pone a prueba a la Fiscalía General de la República y al Poder Judicial en su capacidad para garantizar una investigación diligente y justicia para las víctimas.